Para asegurar que la contribución positiva a un objetivo social y/o ambiental no perjudica significativamente otros objetivos, la Gestora ha definido una serie de salvaguardas con base en su metodología interna desarrollada con el objetivo de demostrar que existe intención de no causar un daño significativo. Estas salvaguardas son:
• Alineamiento con marcos y estándares de referencia: con el objetivo de garantizar que los fondos recaudados se destinan a financiar o refinanciar proyectos con impacto positivo social o medioambiental alineados con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de manera continuada, los bonos verdes, sostenibles y sociales de este fondo cumplen con los criterios exigidos por distintos estándares de referencia como son los desarrollados por el organismo International Capital Market Association (“ICMA”) en base a los ICMA Green Bond Principles, ICMA Social Bond Principles, etc.; o el estándar de Climate Bonds Initiative, que incluye criterios científicos rigurosos que son consistentes con el límite de calentamiento de 2 grados Celsius declarado en el Acuerdo de París de 2015 (Climate Bonds Standard and Certification Scheme).
• Consideración de los indicadores de principales incidencias adversas: con el objetivo de medir el posible impacto en otros objetivos medioambientales o sociales distintos de los perseguidos mediante la contribución como se explica en el siguiente apartado.
• Actividad en sectores controvertidos: mediante la exclusión a actividades consideradas controvertidas que garantice una exposición mínima a las mismas entre las inversiones sostenibles tal y como se describe en la estrategia de inversión del fondo.
La Gestora tiene en consideración las principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad mediante la evaluación de la exposición a sectores y/o posibles controversias por incumplimiento de normativa o estándares reconocidos internacionalmente que tienen un mayor potencial de derivar en impactos significativos.
Además, se aplica un análisis ASG, que permite a los gestores tener una visión más completa de los activos en los que invertir al objeto de prevenir potenciales riesgos e impactos adversos.
Actualmente, la Gestora trabaja con una disponibilidad y calidad de datos para los indicadores limitada. Por este motivo, considera los indicadores identificados como prioritarios para la Gestora, los cuales incluyen indicadores ambientales y sociales, y realiza un análisis periódico, mediante la colaboración con emisores y proveedores de datos, de la cobertura y calidad del dato para incorporar al análisis aquellos indicadores adicionales que permiten asegurar la robustez y fiabilidad del análisis de no causar daño significativo.
El respeto por los derechos humanos es una parte integral de los valores de la Gestora y un estándar mínimo de actuación para llevar a cabo sus actividades de una manera legítima.
En este sentido, la actuación de la Gestora está basada en los principios que emanan de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los diez principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, entre otros. Este compromiso se refleja tanto en las políticas corporativas de Grupo Santander como en las propias de la Gestora y forma parte del procedimiento de integración de riesgos de sostenibilidad de la Gestora.
Finalmente, el fondo monitoriza periódicamente si las inversiones incumplen alguna de estas directrices internacionales y, si se da algún tipo de incumplimiento, se evalúa y se gestiona de acuerdo a la relevancia del mismo, pudiendo derivar, por ejemplo, entre otros, en acciones de engagement.

El fondo tiene como objetivo las inversiones sostenibles, financiando (o re-financiando) proyectos con un impacto positivo social o medioambiental.
El fondo en su gestión aplica criterios financieros y extra financieros o de inversión socialmente responsable, con el objetivo de integrar la sostenibilidad en las inversiones.
El fondo tiene un compromiso mínimo de inversiones sostenibles del 80% del patrimonio del fondo de conformidad con el artículo 2.17 del Reglamento (UE) 2019/2088. Al menos el 70% de la cartera se invertirá en renta fija pública y/o privada de bonos verdes, que se consideran como inversión con un objetivo medioambiental que no se ajustan a la taxonomía de la UE. El porcentaje de inversión sostenible se complementa con otros bonos sostenibles, sociales, y bonos vinculados a la Sostenibilidad para los que no existe una proporción mínima y que representa un máximo del 30% de la cartera.
La Gestora define inversión sostenible basándose en la metodología interna que toma como principio la definición de los objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento de Taxonomía junto con los objetivos sociales definidos en el Informe de Taxonomía Social de la Plataforma de Finanzas Sostenibles. Debido a la falta de datos de los activos subyacentes, no se ha podido definir una proporción mínima de alineamiento con la Taxonomía de la UE.
Así, la inversión sostenible de este fondo contribuye al menos a uno de los siguientes objetivos:
• Mitigación del cambio climático: en el cual se contribuye a estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera según el Acuerdo de París.
• Adaptación al cambio climático: en el cual se invierte en soluciones de adaptación que reduzcan o prevean de forma sustancial el riesgo de efectos adversos del clima.
• Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos: en el cual se contribuye a lograr el buen estado de las masas de agua, o a prevenir su deterioro.
• Transición hacia una economía circular: en el cual se apoya la minimización de residuos o el reciclado como medio para reducir la generación de residuos insostenibles.
• Prevención y control de la contaminación: en el cual se previene o reduce las emisiones contaminantes en el aire, el agua o la tierra o mejorando los niveles de calidad de estos.
• Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas: en el cual se contribuye sustancialmente a la protección, conservación o restauración de la biodiversidad.
• Trabajo decente: en el cual se contribuye a promover el empleo, garantizar los derechos en el trabajo, extender la protección social y fomentar el diálogo social.
• Estándares de vida adecuados y bienestar de los consumidores: en el cual se contribuye a la creación de productos y servicios que satisfacen necesidades humanas básicas.
• Comunidades y sociedades inclusivas y sostenibles: en el cual se respeta y apoya los derechos humanos prestando atención a los impactos de las actividades en las comunidades.
Para analizar la contribución positiva de la inversión sostenible a los objetivos, la Gestora tiene en consideración aquellos emisores que cumplen uno o varios criterios que demuestran intención corporativa de contribuir a los objetivos de sostenibilidad descritos anteriormente. Estos criterios analizan el porcentaje de ingresos derivados de productos y servicios con objetivo sostenible, el alineamiento con los objetivos de descarbonización del Acuerdo de Paris, el liderazgo en prácticas ambientales y/o sociales, entre otros.
Por otro lado, para analizar la contribución positiva de aquellos instrumentos financieros que se destinan a financiar proyectos, se evalúa la sostenibilidad del uso de los fondos de los mismos, así como su alineamiento con marcos de referencia.

Para la selección de los activos se tendrá presente el mandato del fondo, con arreglo a los siguientes criterios que se aplican la toma de decisiones de inversión, si bien adaptados a cada tipología de activo:
– Criterios excluyentes: Se aplican criterios de exclusión basados en la actividad del emisor. Se excluyen del universo de inversión actividades consideradas como no alineadas con los objetivos de sostenibilidad del fondo, como por ejemplo emisores cuyo negocio está mayoritariamente orientado a actividades relacionadas con el armamento controvertido, el armamento convencional, el tabaco, así como los combustibles fósiles, la generación eléctrica a partir del carbón y la minería de carbón.

De forma excepcional el fondo podría invertir en un bono verde de un emisor cuya actividad esté relacionada con el carbón y otros combustibles fósiles, únicamente en caso de que el uso de los fondos del bono esté dirigido a la financiación de proyectos bajos en carbono (p. e. energías renovables) alineados con una estrategia de descarbonización de sus actividades y el alineamiento con los objetivos del Acuerdo de Paris.

Además, se realiza un análisis de controversias que permite identificar incumplimientos de normas o estándares reconocidos internacionalmente como las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, entre otros, de forma que las inversiones estén alineadas con dichas directrices y principios. También se excluyen del universo de inversión aquellas compañías en las que se identifiquen controversias consideradas críticas y se da seguimiento al resto de controversias.

Adicionalmente, para el caso de la renta fija pública, se aplican criterios de exclusión por países según el indicador Democracy Index, que determina el rango de democracia de 167 países en base a mediciones tales como el proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política y el Estudio Freedom in the World que mide el grado de democracia y libertad política en todos los países y en los territorios más importantes en disputa de todo el mundo..

– Criterios valorativos: Al menos el 70% de la cartera se invertirá en renta fija pública y/o privada de bonos verdes, que se complementará con otros bonos sostenibles, sociales, y bonos vinculados a la Sostenibilidad (Sustainability-Linked bonds o SLBs en inglés) (máximo 5% en SLBs), siendo todo ello inversiones sostenibles de conformidad con el artículo 2.17 del Reglamento (UE) 2019/2088.

En el caso del 5% máximo de inversión en SLBs, cabe mencionar que no están sujetos a proyectos concretos, sino a objetivos medioambientales y/o sociales corporativos previamente identificados por las entidades emisoras, las cuales establecen unos “Indicadores Clave de Rendimiento” (KPIs) alineados con sus estrategias de sostenibilidad. Para estos bonos, la Gestora analiza el desempeño ASG del emisor seleccionando únicamente aquellos emisores con mejores prácticas en materia medioambiental o social.

Asimismo, se aplica una estrategia Best-in-class que consiste en seleccionar aquellos activos o emisores (públicos y privados) con mejor valoración general ASG (por encima de la media en su rating relativo respecto a sector y región), además se debe cumplir con un rating mínimo de calidad ASG a nivel cartera, según la metodología de análisis de la Gestora. Esto significa que desde la Gestora se selecciona las compañías que están dentro del 60% con mejor puntuación según el rating ASG de acuerdo con la metodología de la Política de Inversión Sostenible y Responsable

Adicionalmente, se llevan a cabo actividades de engagement (implicación/dialogo) alineadas con el objetivo del fondo y con la Política de Engagement de la Gestora. Con estas actividades, que consisten en el diálogo y la implicación con las compañías en las que invierte, la Gestora busca un doble objetivo. Por un lado, conocer en profundidad el modelo de negocio de las compañías, sus riesgos y oportunidades, por otro lado, promover el cambio, de forma que refuerce la estrategia, la gestión y el reporte de los aspectos ASG materiales para cada compañía, lo que contribuye a proteger el valor de las inversiones de la Gestora y a gestionar las incidencias adversas de las mismas.
Estos criterios ASG se integran en el proceso de inversión, el cual se supervisa de forma periódica dando seguimiento al cumplimiento de los requisitos ASG del fondo por los equipos pertinentes. En caso de identificar desviaciones respecto a los criterios se define el plan de acción a seguir, que puede contemplar, entre otras, la monitorización del desempeño a través de fuentes de información públicas y proveedores de datos, actividades de engagement y voto, etc.

Además, la Gestora cuenta con una metodología de análisis ASG en la que se identifican y seleccionan métricas cuantitativas y cualitativas que miden el desempeño de las compañías en la gestión de cada factor ASG, estas incluyen métricas para medir la existencia de políticas y compromisos de las empresas. Esta metodología incluye indicadores propios de gobernanza que evalúan específicamente el desempeño en materia de gobierno corporativo y de ética empresarial y la calidad de la información proporcionada.
La Gestora considera que las compañías con una puntuación de gobernanza superior muestran una mejor capacidad para gestionar recursos, mitigar los riesgos y oportunidades clave de ASG y satisfacer las expectativas de referencia en materia de gobierno corporativo. Por lo contrario, aquellas que demuestren un desempeño negativo no cumplen con los requisitos mínimos para ser categorizadas como inversión sostenible.
Adicionalmente, se realiza un análisis periódico de controversias con el objetivo de identificar prácticas de gobernanza inapropiadas que puedan suponer un riesgo material.

Los procedimientos descritos anteriormente para la consecución del objetivo de inversión sostenible aplican como mínimo el 80% del patrimonio del fondo siendo todo ello inversiones sostenibles de conformidad con el artículo 2.17 del Reglamento (UE) 2019/2088.
Al menos el 70% de la cartera se invertirá en renta fija pública y/o privada de bonos verdes, que se consideran como inversión con un objetivo medioambiental que no se ajustan a la taxonomía de la UE.
El porcentaje de inversión sostenible se complementa con otros bonos sostenibles, sociales, y bonos vinculados a la Sostenibilidad para los que no existe una proporción mínima y que representará un máximo del 30% de la cartera
El restante 20% del patrimonio del fondo tiene como propósito proporcionar liquidez a la cartera y una finalidad de cobertura para la gestión eficiente de los riesgos de tipo de interés, divisa y crédito y no afectará negativamente al objetivo de sostenibilidad del fondo.
En el siguiente gráfico, los porcentajes relacionados con las inversiones sostenibles (#1) y no sostenibles (#2) se refieren a porcentajes sobre el total de la cartera.

El objetivo sostenible del fondo se integra en el proceso de inversión, el cual se supervisa de forma periódica dando seguimiento al cumplimiento de los requisitos ASG del fondo por los equipos pertinentes. En caso de identificar desviaciones respecto a los criterios se define el plan de acción a seguir, que puede contemplar, entre otras, la monitorización del desempeño a través de fuentes de información públicas y proveedores de datos, actividades de engagement, etc.
La Gestora utiliza los siguientes indicadores para comprobar el cumplimiento del objetivo sostenible del fondo:
– Porcentaje de activos que se consideran inversión sostenible, que es una proporción mínima del 80%.
– Rating ASG medio de la cartera: La calificación / rating ASG mínimo medio de los emisores de los activos de la cartera de inversión directa de contado e IIC con rating, conforme a la metodología propia de la Gestora en el análisis de dichos subyacentes, será de un A- en una escala de 7 niveles (C-, C, C+, B, A-, A y A+, donde A+ refleja el mejor desempeño ASG).
– Rating ASG a nivel emisor: se seleccionan aquellos activos/emisores (públicos y privados) con mejor valoración ASG (por encima de la media en su rating relativo respecto a sector y región) según una metodología de análisis propia de la Gestora, por lo que se invierte en aquellos activos/emisores (públicos y privados) con mejores prácticas de sostenibilidad.
– Indicador de exposición del negocio de los emisores a actividades no permitidas por la política del fondo.
– Indicador de controversias: Se excluyen del universo de inversión aquellas compañías que estén envueltas en controversias consideradas críticas.
Para el caso de la renta fija pública, se excluye las emisiones con bajo desempeño en relación a los derechos políticos y libertades sociales, basándose en cualquiera de los dos siguientes indicadores:
– Democracy Index: Indicador que determina el rango de democracia de 167 países en base a mediciones tales como el proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política. En una escala de 1 a 10 puntos, se excluyen los países que están por debajo de 6 puntos y se corresponden con regímenes híbridos y autoritarios.
– Estudio Freedom in the World: Indicador que mide el grado de democracia y libertad política en todos los países y en los territorios más importantes en disputa de todo el mundo en una escala de 3 niveles (“No libre”, “Parcialmente libre” y “libre”), se excluyen aquellos países calificados como “No libres”. Este análisis cuantitativo, en determinados casos, se complementa con un análisis cualitativo utilizando información pública de las compañías y a la proporcionada por las propias compañías en las actividades de engagement que realiza la Gestora.
Este análisis cuantitativo, en determinados casos, se complementa con un análisis cualitativo utilizando información pública de las compañías y a la proporcionada por las propias compañías en las actividades de engagement que realiza la Gestora.
Adicionalmente, se monitorizan otros indicadores relacionados con el objetivo de inversión sostenible del Fondo, como, por ejemplo:
– Emisiones de CO2 evitadas (t CO2 equivalentes) que incluye las emisiones de gases de efecto invernadero que, manteniéndose relativamente estables los niveles de actividad, producción o rendimiento, son evitadas gracias a mejoras u optimizaciones en los procesos, la inclusión de nuevas tecnologías, la utilización de tecnologías verdes, etc. Estas reducciones pueden producirse en varios sectores (industria, transporte, etc.).
– Energía renovable producida (MW/h) que refleja la cantidad de energía producida a través de fuentes renovables, tales como la energía solar (fotovoltaica, fototérmica, etc.), eólica, hidráulica, mareomotriz, biomasa, etc.
– Capacidad de energía renovable instalada (MW) que muestra la potencia instalada que proviene de fuentes renovables. La potencia instalada es la capacidad nominal reconocida de una central eléctrica, teniendo en cuenta las limitaciones de sus instalaciones.
– Personas ayudadas (número de personas) que muestra el número de personas a las que se ha prestado o facilitado algún tipo de ayuda, soporte o servicio, ya sea en forma de educación, transporte, empleo, actividad sanitaria, etc.
– Agua procesada (metros cúbicos) que refleja la cantidad de aguas residuales tratadas, aguas recogidas o recuperadas, y las resultantes de cualquier otro proceso destinado a captar o rehabilitar agua para su uso en actividades humanas.

La Gestora, a través de sus mecanismos de decisión y control, se asegura de que los activos en los que invierte cumplan y promuevan en su ámbito de actuación los siguientes principios:
– Cuidado del Medio Ambiente: cambio climático (promoción y/o fomento de energías renovables, emisiones CO2, gases efecto invernadero…), recursos naturales (políticas forestales, de agua, tratamiento de maderas y agua…), polución y gestión de residuos y oportunidades medioambientales.
– Criterios sociales: fomento del respeto a los derechos humanos, a un trabajo digno, al desarrollo del trabajador dentro de la empresa bien en su faceta profesional como el desarrollo personal (igualdad de género, formación, seguridad y salud, desarrollo profesional…), y/o control de los productos de la empresa para que no generen daños físicos ni morales a los consumidores, entre otros. Políticas de alfabetización, empleo, educación, calidad social (esperanza de vida). Se valorarán de forma positiva iniciativas para impulsar el desarrollo de regiones más desfavorecidas, etc.
– Buen gobierno y ética empresarial: gobierno y comportamiento corporativo. Se realiza un profundo análisis de la calidad del equipo directivo para limitar los eventos y noticias negativas que pueden afectar en el corto plazo la evolución de una acción: accidentes, huelgas, corrupción y fraudes. Dentro del gobierno corporativo presta especial atención a la composición del consejo, nº de mujeres en el consejo, la remuneración, el control y propiedad de la empresa y la contabilidad. Para el caso de la deuda pública, se analiza la calidad regulatoria y de las leyes.

La Gestora se asegura de que los activos en los que invierte el fondo cumplen con el objetivo de inversión sostenible del fondo, utilizando la información ASG proporcionada por proveedores de datos ASG. La Gestora aplica una metodología de análisis propio basada en referencias de mercado y en los principales marcos y normas internacionales, para obtener una valoración sobre el desempeño ASG de dichos activos otorgando una calificación/rating ASG al emisor.

Para evaluar la consecución de las características promovidas por este fondo, la Gestora se basa en los datos recopilados y proporcionados por proveedores externos de datos ASG que son analizados internamente por un equipo especializado.
Los datos utilizados incluyen una variedad de fuentes de más de 50 proveedores generalistas y especializados que analizan datos de fuentes públicas, medios de comunicación, ONG, bases de datos gubernamentales, información sobre las compañías (informe de sostenibilidad, informe anual, etc.) y métricas estimadas a través de modelos internos.
La calidad de los datos se controla y procesa en dos niveles:
• Nivel de proveedor: Los proveedores de datos implantan procesos y sistemas en cada fase del análisis mediante controles automáticos y de calidad de los datos. Estos procesos incluyen, entre otros, algoritmos basados en el aprendizaje automático para realizar la mejor selección automática de fuentes, eliminando incoherencias y detectando valores atípicos utilizando como entradas tendencias de datos históricos, comparación con homólogos del sector y variabilidad entre diferentes fuentes.
• Nivel Gestora: Una vez que se introducen datos en el modelo y se producen resultados basados en dichos datos, los resultados obtenidos se monitorizan de forma continua y se realizan revisiones de calidad detalladas cuando se identifican divergencias.
El desempeño ASG de los emisores es objeto de un seguimiento sistemático y continuo por parte del equipo ISR de la Gestora, incluyendo un seguimiento continuo de las potenciales discrepancias identificadas por los gestores entre el conocimiento que se tiene del emisor y los datos considerados dentro del modelo proporcionado por los proveedores. La información se refleja en una revisión de los indicadores y puede desencadenar procesos de engagement con determinados emisores.
Con el fin de proporcionar el análisis más actualizado, los indicadores se calculan semanalmente y los emisores cuyos datos cambian con frecuencia (por ejemplo, por la aparición de controversias) son objeto de un seguimiento sistemático.

Para el análisis del cumplimiento del mandato del fondo, la Gestora obtiene información de proveedores de datos externos de acuerdo con la metodología expuesta en el apartado anterior.
En este contexto, la Gestora espera que los emisores informen sobre aspectos de ASG que sean relevantes para su modelo de negocio y que puedan tener una influencia sustancial en el análisis y las decisiones de los inversores y otras partes interesadas. Además, la Gestora busca maximizar el desempeño ASG en los temas más relevantes para cada sector siempre que sea posible a través de la estrategia de inversión del fondo.
En caso de que la Gestora no contase con la suficiente información ASG de alguno de los subyacentes del fondo, el equipo de ISR sería el encargado de realizar un análisis adhoc que podría incluir acciones específicas de engagement y cuyos resultados serían revisados por parte del área de cumplimiento local.

La Gestora realiza revisiones de diligencia debida de los datos internos y externos de forma continua y evalúa de manera periódica si los proveedores de datos utilizados pueden mejorar la cobertura de datos ASG, los modelos de selección de fuentes y los algoritmos de análisis de datos para reducir posibles incoherencias.
Los criterios ASG del fondo se integran en el proceso de inversión, el cual se supervisa de forma periódica dando seguimiento al cumplimiento de los requisitos ASG del fondo por los equipos pertinentes. En caso de identificar desviaciones respecto a los criterios se define el plan de acción a seguir, que puede contemplar, entre otras, la monitorización del desempeño a través de fuentes de información públicas y proveedores de datos, actividades de engagement y voto, etc.
Además, para la supervisión del cumplimiento del mandato del fondo, el equipo de Riesgos y Cumplimiento realiza controles intradía y al cierre de día para que, en caso de detectar algún incumplimiento en los requisitos del universo invertible y/o del mandato, se tomen las acciones correctivas necesarias (comunicación con el equipo ISR, elevar al comité correspondiente, entre otros).

La Gestora lleva a cabo acciones de engagement (compromiso) para emisores privados que están alineadas con el objetivo de inversión sostenible del fondo y con las Política de Engagement y Voto de la Gestora que resulten de aplicación. Con estas actividades, que consisten en el diálogo y la implicación con las compañías en las que se invierte, la Gestora busca un doble objetivo. Por un lado, comprender en profundidad el modelo de negocio de las compañías, sus riesgos y oportunidades y, por otro lado, promover el cambio, de forma que mejore la estrategia, la gestión y el reporte de los aspectos ASG materiales para cada compañía, lo que contribuye a proteger el valor de las inversiones de la Gestora y a gestionar las incidencias adversas de las mismas.

Para la gestión de este fondo no se ha establecido un índice de referencia específico para medir la alineación de la cartera con el objetivo de inversión sostenible.