Para la selección de los activos se tiene presente el Ideario Ético del Fondo con arreglo a los siguientes criterios que se aplican la toma de decisiones de inversión, si bien adaptados a cada tipología de activo:
El Ideario Ético del Fondo sigue los principios operativos detallados en las características medioambientales o sociales del Fondo mediante los siguientes criterios excluyentes o de alerta:
- Actividades que atenten contra la vida humana, como la investigación/ manipulación con embriones humanos, de fabricación de productos abortivos, etc.
- Acciones o actividades que no respeten los derechos humanos, como la localización de denuncias con sentencias por prácticas de explotación laboral infantil, sentencias sistemáticas por discriminar a trabajadores, etc.
- Fabricación y comercialización de armamento para la destrucción de pueblos, fabricación de componentes específicos de armamento o participación de forma significativa en capital de otras empresas que sí lo hagan, etc.
- Acciones o actividades que atenten contra la naturaleza y provoquen el deterioro ambiental, como la localización de denuncias y sentencias por producir o comercializar sustancias que empobrezcan la capa de ozono y/o favorezcan el cambio climático, o participación de forma significativa en el capital de una empresa que lo haga, etc.
- Acciones o actividades que atenten contra la salud, como actividades que violen, lesionen o contradigan normas públicas o recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), fabricación o distribución de tabaco o bebidas alcohólicas destiladas, o participación de forma significativa en el capital de una empresa que lo haga, etc.
- Localización de sentencias firmes por los tribunales ordinarios o especiales por abusos contra la competencia en los mercados, explotación de los consumidores, infracciones urbanísticas, delitos societarios, fiscales, etc.
Adicionalmente, para el caso particular de la renta fija pública, se aplican criterios de exclusión por países, para excluir aquellos con mal desempeño en cuanto a derechos políticos y libertades sociales según índices y estudios de referencia reconocidos.
Asimismo, con carácter general se realiza un análisis de controversias que permite identificar incumplimientos de normas o estándares reconocidos internacionalmente. Este análisis se presenta en la Comisión Ética donde se decide cómo proceder, pudiendo llegar a excluir del universo de inversión aquellas compañías que estén envueltas en controversias consideradas relevantes.
Aquellos criterios que evalúan determinados aspectos de actuación de los emisores públicos y privados en los que se invierte directa o indirectamente, pero que en sí mismos no tienen suficiente entidad como para hacer que la inversión se califique como apta o no.
Estos criterios tienen un carácter abierto y son, sin ánimo exhaustivo, tanto de carácter positivo, tales como actividades que promuevan la integración laboral y social de discapacitados, que contribuyan a la mejora del bienestar social, la educación y formación de trabajadores, con prácticas destacadas de buen gobierno corporativo, comprometidas con el desarrollo de las economías de los países donde las empresas estén presentes sobre todo, en países del Tercer Mundo, políticas medioambientales, sanidad y seguridad social, como de carácter negativo, tales como el incumplimiento de protocolos y tratados de relevancia internacional (ej: Kyoto o París), productos negativos para la salud, sentencias por contaminación medioambiental, publicidad irresponsable u ofensiva, malas prácticas y/o sentencias en contra continuadas en materia laboral y de derechos humanos.
Estos criterios valorativos pretenden crear en su conjunto un análisis completo de cada compañía, con el fin de obtener una visión global y completa del comportamiento ambiental, social y de gobierno corporativo de cada entidad.
Agregando la puntuación que obtenga cada compañía en cada uno de los criterios analizados, se obtiene una valoración global de la empresa y se realiza un ranking de todo el universo analizado que permite comparar la actuación en materia ASG de cada componente del universo analizado.
El Fondo aplica criterios de evaluación ASG a nivel emisor con el fin de gestionar los riesgos y mitigar potenciales incidencias adversas que puedan impactar en la rentabilidad del Fondo.
En último término, la Comisión Ética del Fondo ha establecido un proceso de trabajo para las inversiones que no sean directas, es decir, que se hagan a través de otras Instituciones de Inversión Colectiva. En este caso se requiere a la Gestora que analice y seleccione un listado de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC Éticas) que sean susceptibles de ser invertidas por el Fondo, con el requisito indispensable de que esas IIC manifiesten que en su proceso de inversión aplican criterios socialmente responsables o ASG. Esa lista se remite a la Comisión Ética del Fondo, con un informe de las IIC, que debatirá y determinará las IIC que no son aptas para la inversión por parte del Fondo. Esa lista es dinámica y cada vez que se quiera incorporar una nueva IIC se seguirá el mismo proceso de remisión de informe a la Comisión Ética para su análisis y calificación en las reuniones periódicas (mínimo semestrales) que mantiene con la Gestora del Fondo.
Además, la Gestora cuenta con una metodología propia de análisis ASG en la que se identifican y seleccionan métricas cuantitativas y cualitativas que miden el desempeño de las compañías en la gestión de cada factor ASG, estas incluyen métricas para medir la existencia de políticas y compromisos de las empresas. Esta metodología incluye indicadores propios de gobernanza que evalúan específicamente el desempeño en materia de gobierno corporativo y de ética empresarial y la calidad de la información proporcionada.
La Gestora considera que las compañías con una puntuación de gobernanza superior muestran una mejor capacidad para gestionar recursos, mitigar los riesgos y oportunidades clave de ASG y satisfacer las expectativas de referencia en materia de gobierno corporativo. Por lo contrario, aquellas que demuestren un desempeño negativo no cumplen con los requisitos mínimos para ser categorizadas como inversión sostenible.
Adicionalmente, se realiza un análisis periódico de controversias con el objetivo de identificar prácticas de gobernanza inapropiadas que puedan suponer un riesgo material.